Israel y el Tribunal Penal Internacional

Antje Naujoks

A fines de diciembre 2019, la fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional anunció que se proseguiría las diligencias contra Israel por la acusación de crímenes de guerra.

La Corte Penal Internacional (CPI) fue instituida en 1998 y tiene su sede en La Haya. En total, son 123 los Estados miembros que pertenecen a este gremio, exceptuando a Israel y los EE. UU. En diciembre 2014, la CPI aceptó el ingreso de “Palestina” solicitado por la Autoridad Palestina (AP). Aunque hasta el día de hoy el estatus de derecho internacional de Palestina sigue siendo discutido controversialmente por los jurisprudentes, 137 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas han reconocido a Palestina como Estado independiente. La solicitud de ingreso de los palestinos a las Naciones Unidas fracasó, de modo que, en 2012, tan solo se les adjudicó un estatus de observador. Rápidamente, después del reconocimiento de los palestinos por la CPI, quedó claro por qué el paso de este gremio recibe tanta importancia: el CPI tan solo puede seguir crímenes que son perpetrados en territorios de sus Estados miembros. Es así como Riad al-Malki, ministro de exterior de la AP, tuvo la posibilidad de pedir por escrito el inicio de investigaciones contra Israel. La CPI inmediatamente correspondió a esta pretensión después del ingreso en enero de 2015.

Ya en aquel entonces, Israel denominó esto de reprochable, ya que revelaba la “manipulación política de este gremio jurídico”. Israel además insistió en varios criterios de derecho internacional que Palestina ni siquiera cumple como para presentarse como Estado soberano y con eso poder exigir investigaciones. Pero la fiscal en jefe, Fatou Bensouda, inició investigaciones previas que ella, a fines de 2019, declaró como finalizadas. El resultado de su pesquisa es que habría suficiente material como para comenzar indagaciones por crímenes de guerra contra Israel. “Todas las condiciones exigidas en el artículo 53 de la CPI están cumplidas”, explicó ella y añadió, que en las tres regiones Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este “se cometieron y se sigue cometiendo crímenes de guerra”. 

Otra frase añadida que el mundo prácticamente no percibió, fue: “antes de eso, no obstante, la cámara competente todavía debe decidir hasta dónde el tribunal es responsable por las tres regiones ocupadas”. De eso será encargada una cámara de prueba previa de tres personas de la CPI. En su informe de 112 páginas, explica su opinión de que la competencia estaría dada. Si uno la escucha con atención, queda claro que ya no quiere investigar por supuestos crímenes de guerra, sino que ya ha constatado que Israel ha cometido y está cometiendo los mismos. Si todo va según Bensouda, ya “inmediata y rápidamente se deberían comenzar las indagaciones en el interés de la justicia”.

Lo que también casi no se percibió: en cuanto a la Franja de Gaza, además se dice querer indagar contra Hamás y “otros actores”. Expertos que controlaron más de cerca a la CPI, dijeron con cinismo: “¡Hay que ver para creer!” porque: “el comité oficial de la AP que fue designado por el Presidente Mahmud Abbas para cooperar con la CPI (…) consiste de representantes de Hamás y del FPLP, entre ellos personas que tienen conexión con atentados terroristas”, dijo un experto frente al Jerusalem Post.

El Primer Ministro Netanyahu vociferó de manera similar al ministro de asuntos de exterior estadounidense, Mike Pompeo, contra las intenciones de la CPI. Más objetivas, pero igualmente devastadoras fueron las opiniones de Anne Herzberg, la asesora jurídica de NGO Monitor: “… gracias a esfuerzos extensos de cabildeo por organizaciones no-gubernamentales, financiadas por gobiernos europeos, la CPI ha permitido solícitamente que la OLP y activistas anti-israelíes se aprovechen de ella al permitir, en total infracción del Estatuto de Roma, a los palestinos a adherirse al Tribunal Penal. (…) Si la fiscal quiere demostrar que sus esfuerzos no son impulsados por inclinaciones anti-israelíes, debería comenzar con acusar a miembros de alto rango de la Fatah en cuanto a la jurisdicción que dicen tener, y ponerlos ante el tribunal por los muchos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que ellos han cometido.”

Claro está que Israel, en el escenario internacional, no se acerca a tiempos fáciles. Pero también la crítica mordaz del Informe Goldstone, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó 2008-2009, fue superada por Israel. Con respecto a la unilateralidad de ese informe, que también sugería crímenes de guerra de parte de Israel, en el 2011 se escuchaba la confesión del investigador encargado, Richard Goldstone: “Si ya en aquel entonces habría sabido lo que sé hoy, el informe habría salido diferente”. Por lo tanto, solo se puede tener la esperanza que la CPI siga las recomendaciones de Herzberg.

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