Israel ante el tribunal

Antje Naujoks

NAI informó de los esfuerzos de la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), de acusar a Israel de crímenes de guerra. Esto ahora realmente está por suceder, razón por la que esta organización internacional recibió críticas de muchos lados.

La Corte Penal Internacional (CPI), que comenzó su trabajo en el año 2002, se debe dedicar a la persecución de crímenes del Derecho Penal Internacional. En esencia, se trata allí de la sanción de atrocidades masivas como genocidio. La CPI representa a no menos de 123 estados, que en el 2017 se unieron al así llamado Estatus ROM–eso corresponde a alrededor del 60 por ciento de todos los Estados reconocidos. Algunos, si bien han firmado este tratado, no lo han ratificado aún. Otros países, entre ellos Israel, Rusia y los Estados Unidos de América, más adelante retiraron sus firmas. No hay duda que la CPI tiene un mandato importante para sancionar atrocidades inimaginables en nombre de la humanidad. Sin embargo, estas constelaciones al mismo tiempo muestran que, si bien existe un cierto consenso, está lejos de tener un común acuerdo con respecto a este mandato. Que la idea es seguir objetivos elevados no está en discusión, pero sí la forma de proceder de la CPI. Los EE. UU., por ejemplo, se salieron del tratado porque no se les ofrecía las posibilidades suficientes de controlar las medidas de la CPI.

Con respecto a la decisión de la CPI, de acusar a Israel de crímenes en las regiones palestinas, se presentan precisamente este tipo de signos de interrogantes: dudas sobre la competencia y el modo de proceder de esta organización. Por mucho no fue solo Israel quien criticó esta decisión de la CPI, porque se considera que el tribunal con eso infringe el mandato que le fue transferido, se inmiscuye en un conflicto político, y además, muestra una politización evidente, sin hablar de que este organismo toma partido a favor de uno de los lados.

No es solamente Israel quien señaló dudas de la competencia jurídica de esta organización. También el Ministro de Asuntos del Exterior de Alemania, Heiko Maas –a cuyo tenor se unieron otros estados– señaló la competencia autodeclarada de la CPI en asuntos de una acusación de Israel por crímenes en las regiones de la Autoridad Palestina. Una Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Suprema, presidida por tres jueces, por meses deliberó sobre el tema de la competencia para Palestina. Con su decisión de presentar cargos, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, desde la perspectiva del derecho internacional, adjudicaron categoría de Estado a la Autoridad Palestina. Solamente si una entidad es considerada como Estado, entonces se hace posible una acusación en vista de la definición de competencia de la CPI. Que a la Autoridad Palestina difícilmente se le puede adjudicar los tres rasgos característicos de una categoría de Estado –pueblo constituido en Estado, territorio nacional y poder de Estado– han dejado claro en dictámenes además de Alemania, también Australia, Brasil, Hungría, la República Checa, Austria y Uganda.

Israel argumentó que no existe un Estado palestino. Este enfoque también lo representan muchos juristas especializados en esa área. Por esta razón, la decisión de la CPI demostraría una interferencia motivada políticamente, a través de la cual este gremio estaría socavando su propia legitimidad. En lugar de «contrarrestar atrocidades masivas que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad», como se decía de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, se estaría dedicando a la persecución de «Estados democráticos con sistemas de derecho independientes y efectivos. El Estado de Israel es una democracia que se esfuerza a favor de la constitucionalidad y de la justicia internacional».

A pesar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, sigue pendiente el “si” y “cuándo” se podría llegar a una acusación. El Ministerio israelí de Asuntos Exteriores ya informó que: «Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y soldados de esta decisión ilegal de un tribunal, que ha demostrado ser un órgano político y no una institución de justicia».

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